Mover a México. Siglo XXI

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Por: Wilfrido Ruiz Sainz

Apunte Constitucional VI

“75.9% de Mexicanos”

Con profunda preocupación les comparto la Encuesta Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, recientemente publicada y en la cual se revela que el 75.9% de los mexicanos que habitan las ciudades, viven con temor fundado, viven con total desconfianza y miedo debido al grado de criminalidad y violencia que azota y amenaza a la Nación.  No estamos exagerando. Es una realidad nefasta. La situación es alarmante y definitivamente los mexicanos no merecemos vivir secuestrados por temor.

Resulta indispensable mencionar que nuestro querido México, que hemos heredado de nuestros antepasados los pueblos originarios, está seriamente amenazado de caer en el abismo de la completa ingobernabilidad.  La falta de seguridad para los habitantes sigue siendo un fenómeno inaceptable y condenable.  Las autoridades en varios Estados de la República han sido rebasados por los grupos delincuenciales.  Me parece que la sociedad civil transita en la incertidumbre y observa un deterioro impresionante en el funcionamiento de las autoridades responsables de la seguridad. Los focos rojos apuntan a una violencia galopante, que tiene de hinojos a la población.  La encuesta de referencia, nos informa que el costo de la inseguridad asciende a los $229.1 mil millones de pesos.  Una cifra escandalosa que nos indica el alto impacto y costo que representan los delitos cometidos en agravio de la ciudadanía.

En comentarios previos que aparecieron en otra edición del Semanario INFOBAJA, he manifestado que el Estado Mexicano, como corresponde a una entidad jurídica, tiene el deber constitucional ineludible de proveer la seguridad a los mexicanos.  En otras palabras, el Órgano Gubernamental tiene la sagrada encomienda de proteger a la ciudadanía y por consecuencia ofrecer  seguridad.  Sin duda, la Constitución de la República incorpora y reconoce los derechos humanos de los mexicanos, así como las garantías para proteger dichos derechos, esto es, el Estado Mexicano asume la obligación irrestricta de cumplir con el mandato que le otorga el pueblo en ejercicio de la soberanía originaria.

Para tal efecto y con la finalidad de fundamentar dicha obligación fundamental a cargo del Estado Mexicano, el Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: “En los Estado Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las GARANTIAS PARA SU PROTECCIÓN, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”

Dicho lo anterior, podemos coincidir en que todo ser humano tiene el derecho a vivir en paz.  Todo ser humano tiene derecho a vivir con tranquilidad y con seguridad.  Estas verdades evidentes representan las condiciones mínimas de convivencia. Al respecto, los derechos humanos son universales y están  contemplados en la Carta de las Naciones Unidas.  Los derechos humanos son imprescriptibles, son irrenunciables y se deprenden de la naturaleza humana.